¡Viva el hotel, muera el poblado! [versión corta]

por Alvaro Santana Acuña

Hoy continúan en pie hoteles y espacios de ocio privado (como varios clubes náuticos) que ocupan en parte el dominio público. Pero parece que sólo los poblados costeros son el cáncer que enferma nuestras costas. Como la casa terrera del carpintero Santiago Medina levantada por sus antepasados a inicios del siglo XX en la costa de Berrugo (Lanzarote). Su demolición prevista el año pasado se aplazó. Aunque Santiago y su familia fueron desalojados.

Según la Ley de Costas de 1988, no menos dañinas para el litoral son las casas del poblado de Cho Vito. Paradójicamente están ubicadas en un municipio, el de Candelaria, que en la última década ha sufrido uno de los mayores desórdenes territoriales de España.

Sin duda, no todos los poblados costeros tienen la misma historia. De hecho, numerosas casas de Cho Vito se construyeron tras la primera Ley de Costas de 1969 y por tanto son ilegales. Pero también son ilegales hoteles ubicados no muy lejos de Cho Vito edificados después de 1969 y que siguen en pie.

Aunque la Ley debe ser para todos, bajo la sombra alargada de la pala demoledora están principalmente los poblados: Bajo La Cuesta (Tenerife), La Bombilla (La Palma), Pozo Negro (Fuerteventura), Tufia (Gran Canaria)…

Vecinos como Santiago Medina deben pagar las consecuencias de un absurdo legal: la aplicación retroactiva de la Ley de 1988. O sea, Santiago comete una ilegalidad por vivir en una casa que su antepasado construyó junto a la costa en una época en la que no existía dicha Ley. Si no se adopta una política de caso por caso y aplicable a todos (hoteles y poblados), la imposición retroactiva de esta Ley constituye una verdadera injusticia.

En estos tiempos con tanto debate sobre la «memoria histórica» sorprende que las instituciones políticas no usen dicha memoria para comprender por qué varios de estos poblados deben sobrevivir. Como señala el geógrafo Fernando Sabaté, muchos poblados costeros nacieron como resultado del sistema de aprovechamiento múltiple y vertical, gestionado desde la medianía y que abarcaba desde la costa hasta la cumbre. Sin embargo, en la mayoría de esos poblados, los expertos de Costas sólo ven casas de «baja calidad».

Mientras tanto, el Gobierno canario hace leña del árbol caído. Su estrategia es simple: deja actuar al Estado, alega ante la opinión pública que lo sucedido en las costas canarias es una injerencia casi colonialista de Madrid y aprovecha el malestar ciudadano para exigir al Estado la gestión total de nuestras costas.

En una economía tan dependiente del turismo, el control absoluto de las costas es sin duda la guinda del pastel y… el pastel completo. Por eso el Parlamento canario acaba de solicitar por unanimidad al Gobierno central el traspaso de la gestión de las costas o en su defecto que pueda colaborar con el Estado en dicha gestión.

¡Qué curioso! El Gobierno autonómico que con su proyecto de Ley canaria de Costas desea proteger los poblados costeros –enfrentándose al Estado– es el mismo Gobierno que sigue obsesionado con construir el puerto de Granadilla en Tenerife, hasta el punto de descatalogar la flora y fauna protegidas de la zona. También, es el mismo Gobierno que ha dado la espalda a la Fundación César Manrique en su batalla contra la edificación de hoteles ilegales.

Gracias a la Fundación, los jueces han ilegalizado la construcción de más de 12.000 plazas alojativas. La Fundación ha vuelto a exigir a los políticos canarios el cumplimiento de las sentencias judiciales. El Gobierno canario hace mutis por el foro y el Cabildo de Lanzarote sostiene que se haga la vista gorda amparándose en una interpretación jurídicamente inviable del artículo 47 del TRLOTENC. Además el Cabildo arguye que existe un «estado de excepción urbanístico insular», es decir, que hay crisis, la cual se solucionaría con la legalización de los hoteles prohibidos. El discreto Gobierno canario lo ve con buenos ojos.

He aquí entonces la razón escondida del enfrentamiento por la gestión de las costas entre el Gobierno canario y el Estado; el Gobierno canario desea implantar «la política del borrón y cuenta nueva». Con una Ley canaria de Costas y una gestión autonómica de las mismas se podría legalizar todas las viviendas construidas en nuestras costas antes de la Ley de 1988. Esta «amnistía feliz» incluiría muchos poblados costeros (legales e ilegales) y evidentemente… decenas de hoteles ilegales como los de Lanzarote.

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